El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado hoy que “las necesidades alimentarias de nuestro país están cubiertas” en el actual escenario internacional tras la invasión rusa de Ucrania. El ministro sí ha expuesto la preocupación por el suministro de algunas materias primas, particularmente los cereales utilizados para la fabricación de piensos de alimentación animal como el maíz.
La situación de guerra en Ucrania y sus efectos sobre el sector agroalimentario ha sido el tema principal de la comparecencia del ministro ante la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, inicialmente prevista para informar sobre las perspectivas del sector agroalimentario en 2022. La comparecencia ha abordado también otros asuntos como la aplicación de la nueva ley de la cadena alimentaria, el Plan Estratégico Nacional para la Política Agraria Común (PAC), los planes de recuperación con fondos europeos específicos para el sector agroalimentario, la modernización de regadíos, los seguros agrarios y la situación del sector pesquero.
El ministro ha explicado que en el ámbito agrario, la situación en Ucrania tiene consecuencias especialmente en el suministro de maíz destinado a la elaboración de piensos para la alimentación animal, producto del que España importó en el último año de Ucrania 2,7 millones de toneladas, el 22 % del que se consume, principalmente para fabricar piensos.
Planas ha reiterado la petición realizada a la Comisión Europea para que flexibilice los criterios de importación, lo que permitiría buscar nuevos mercados en la Unión Europea y en terceros países. También ha abogado por modificar las normas de la Política Agraria Común (PAC) para que puedan ponerse en uso superficies que actualmente están en barbecho.
El ministro ha considerado que la disminución de importaciones de aceite de girasol, del que Ucrania es primer suministrador de España con medio millón de toneladas anuales, puede ser sustituida por otras grasas vegetales, especialmente aceite de oliva, del que España es el primer productor mundial. El tercer segmento más afectado es el de los fertilizantes, condicionado sobre todo por el incremento del precio del gas, por ser la principal materia prima para la fabricación de fertilizantes nitrogenados.
Más allá del ámbito europeo, el ministro ha llamado la atención sobre las consecuencias que la guerra en Ucrania puede tener para países que tienen una gran dependencia del trigo ruso y ucraniano para la alimentación de la población. El ministro ha antepuesto a todas las consideraciones la dimensión solidaria. “Lo primero es asegurar que no falte comida en Ucrania”, ha afirmado.
EL HITO DE LA LEY DE LA CADENA
En este contexto, el ministro ha puesto en valor la reforma de la ley de la cadena alimentaria que entró en vigor el pasado 16 de diciembre porque es una “herramienta fundamental para afrontar situaciones de dificultades y de crisis”. La ley, ha dicho, supone un cambio de cultura en la contratación alimentaria, ya que el sector agroalimentario dispone de unas reglas de juego que favorecen la generación de valor y permite un reparto equitativo del mismo entre todos los eslabones. “Si no existiera esta ley, nuestros productores estarían desprovistos de cobertura legal para defender sus intereses”, ha afirmado.
Planas ha reiterado los avances que supone la reforma de la ley de la cadena en materia de formación de precios y para que los agricultores y ganaderos obtengan “un margen digno por sus productos” y ha apelado a la colaboración activa de todas las administraciones y agentes del sector para su cumplimiento.
El ministro ha reiterado la voluntad firme e inequívoca del Gobierno para aplicar la ley en todos sus ámbitos, y ha enumerado algunos de los pasos ya dados en estos tres meses, como la constitución del comité de cooperación de autoridades de ejecución de las comunidades autónomas, coordinado por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). También se ha referido a la modificación del decreto que regula la contratación en el sector lácteo, para que se puedan revisar los precios en los contratos a largo plazo en situaciones de crecimiento de costes de producción.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC
Sobre el Plan Estratégico de la PAC, que el Gobierno presentó a la Comisión Europea el pasado 29 de diciembre. En estos momentos el ministerio tiene en estudio las 150 alegaciones recibidas durante el procedimiento de información pública que finalizó el 4 de febrero. Planas ha destacado el “buen espíritu de consenso y trabajo positivo” realizado con el conjunto de las comunidades autónomas en la elaboración del plan.
El ministro ha asegurado que la nueva PAC va a ser un instrumento determinante para garantizar la viabilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas, para lo que cuenta con un presupuesto suficientemente dotado, de 47.724 millones de euros en ayudas hasta el año 2027. Se trata, ha asegurado el ministro, de una “muy buena oportunidad para afrontar aquellas transformaciones que son necesarias para alcanzar una producción alimentaria sostenible y fomentar la innovación, el relevo generacional y el impulso a la igualdad de género”.
A lo largo del año, el ministerio mantendrá un intenso trabajo para ultimar la legislación necesaria para implementar la PAC, ha anunciado el ministro, que requiere un proyecto de ley –el anteproyecto lo aprobó el Consejo de Ministros en diciembre- y 19 decretos.
FONDOS DE RECUPERACIÓN Y SEGUROS AGRARIOS
El ministro ha destacado en su comparecencia el grado de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que en el año 2021 movilizó 406,5 millones de euros, más del 99 % de lo previsto. Para este año se activarán otros 493,6 millones de euros y en 2023 se completará su desarrollo con 150,9 millones de euros. Ha señalado que son inversiones muy relevantes para la modernización del sector primario, y se ha detenido especialmente en las relativas a la mejora y eficiencia de la sostenibilidad de los regadíos, que con una dotación de 563 millones, supone el principal capítulo del PRTR (53,5 % del total).
“Es claro que en un contexto de cambio climático tenemos que responder haciendo más sostenibles nuestros regadíos”, que son clave para mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Ha reiterado la apuesta del Gobierno por un regadío sostenible que garantice el uso eficiente del agua y la energía, en un país con escasez de recursos hídricos, y ha enfatizado que el programa de actuaciones previsto en los próximos cinco años va a suponer la mayor inversión pública realizada en las últimas décadas en esta materia. Además de las incluidas en el PRTR, el ministerio y las comunidades de regantes cofinanciarán otras actuaciones con presupuesto ordinario que suman 175 millones de euros.
El ministro también se ha referido a otro de los principales instrumentos de apoyo al sector impulsados por el Gobierno y financiados con fondos next generation de la Unión Europea (UE), el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de febrero y que cuenta con un presupuesto de 1.003 millones de euros. Este plan beneficiará a todos los agentes que integran la cadena de valor del sector agroalimentario y generará sinergias con el objetivo de mejorar la sostenibilidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.
En su intervención, el ministro ha hecho referencia también a un asunto que ha dicho es prioridad estratégica del MAPA, los seguros agrarios, a los que el ministerio dedica en los presupuestos de este año 257,7 millones de euros, con un crecimiento acumulado del 22 % en los últimos dos años.
Ha destacado la importancia de los seguros agrarios en un momento de recurrentes fenómenos climatológicos intensos. El año pasado las indemnizaciones abonadas batieron un récord, al superar los 753 millones de euros. El ministro ha informado de que el Gobierno está trabajando en una serie de medidas para evitar que la correlación entre la intensidad del cambio climático y las indemnizaciones que se abonan produzcan un desequilibrio en el sistema de seguros. “Queremos dar estabilidad y evitar que esta situación de incremento de siniestralidad devenga en un incremento de las primas”, ha afirmado.